Por Félix Chiaramonte
La ilusión en una ley de salud mental (anterior, actual o futura) que lo solucione todo, da cuenta de lo poco que se sabe de las dificultades clínicas e incluso de sus imposibles.
Hace poco tiempo en el barrio privado de un conurbano siempre asombroso, un conocido cantante fue noticia, no por su música, ni por sus últimos choques en estado de intoxicación, sino por un hecho que aún está bajo la lupa jurídica, pero que se mediatizó como “brote psicótico” seguido de un balazo policial casi mortal. Mucho se habló en redes sociales y medios masivos de comunicación, pero esa “opinión pública” rápidamente fue conducida por quienes desde los oligopolios periodísticos y de las plataformas digitales llevan las cosas derecho por la derecha conservadora que sueña con reprimir todo lo que ve diferente o raro. Por otro lado estaban los ingenuos y voluntaristas que albergan en sus mentes un futuro de plenitud total, en un mundo ideal sin locuras, lleno de buenas intenciones que se cumplen. Lamentablemente nada es tan sencillo como en sus mentes.
En esta nota no diagnosticaré un hecho que excede cualquier interpretación y del que no conocemos la situación clínica particular, ni sus antecedentes parciales. Tal vez podamos reflexionar a partir del hecho que protagonizó el músico que hace pop, sin por ello sumarnos a la crónica policial, jurídica o médica.
Por la experiencia que me consta en el trabajo en instituciones públicas, días después de esa notoria noticia aumentaron las consultas en los dispositivos que asisten adicciones, consumos problemáticos y problemas psíquicos en general.
Actualmente una Ley nacional de salud mental en la Argentina de 2010, reglamentada en 2013, viene a plantearnos la nueva vieja cuestión del poder médico sobre el paciente así como los temas propios de la vigencia de los derechos humanos. ¿Hasta qué punto podemos pensar una articulación posible entre esta ley, las tensiones del Malestar en la cultura, las violencias ejercidas y padecidas, las locuras y las adicciones, la salud y la enfermedad psíquica?
Es cierto que limitar las internaciones compulsivas, criticar un sistema que no previene ni cura el sufrimiento psíquico (ninguno lo hará del todo), o generar controles legales (nombrar un abogado defensor en el caso de internaciones involuntarias) proponiendo dispositivos abiertos y articulados, son objetivos más interesantes que perpetuar una legalidad que se presta a cualquier arbitrio. La ley de salud mental 26.657 busca poner un límite a los que comercian con las cápitas que reportan los asistidos internados en clínicas y preservar los derechos humanos de pacientes/usuarios de ese sistema sanitario.
Mencionar como padecimientos mentales a lo que antes eran enfermedades mentales, sustituir el vocablo peligro por la noción de riesgo cierto e inminente, son modificaciones de palabras intentando cambiar el sentido de las prácticas e indicaciones para proteger al asistido, que la Ley conlleva. Lo involuntario de una internación implica un derecho conculcado, respecto del “pleno goce de los derechos humanos de aquellas (personas) con padecimiento mental”, pero se supone erróneamente que la ley mencionada no permite internaciones involuntarias en casos de gravedad, cuando prescribe que si existe riesgo cierto o inminente para sí o para terceros, con la intervención y firmas de dos profesionales habilitados en salud mental, así puede hacerse.
Corrijamos: hay muchos periodistas, hacemos la excepción de los bien informados y formados en el tema, que como en el ejemplo de un abogado devenido comunicador que quiere hacer más por la nación o exactamente al revés, se la pasa desinformando, o como aquel otro que cree que le habla a toda América y no dice nada nuevo ni recio para aclarar el panorama, sino que ambos, junto a otros conservadores disfrazados de liberales, pretenden asustar a la población haciendo creer que locos libres son la causa de todos los males.
Para quienes desde los medios propician la sugestión, la hipnosis de las masas, sabemos que ya no pueden encubrir que están trabajando desde el mismo lado que la política partidaria. En nuestro país como en Estados Unidos, o más cerca Brasil, e incluso amplios y pequeños territorios de Europa, los grandes bloques de prensa, las plataformas y redes sociales de internet, toman la conducción estratégica, en síntesis, corporaciones que encuentran poca resistencia a la fascinación capitalista.
Freud tampoco se esperanzaba en las soluciones comunistas a los problemas sociales, pero estaba clara su posición frente a lo que anticipaba antes de la Segunda Guerra Mundial, y su lectura acerca de las profesiones imposibles, que tenía en el gobernar y educar a dos de las tres que supo nombrar. En definitiva no alimentaba ilusiones en el progreso de la humanidad, más allá de su esclarecedor trabajo en pos de dilucidar la verdad del deseo inconsciente en cada analizante, diferente de la psicología de las masas y del individualismo reinante.
Por supuesto que es mucho mejor que exista una ley de salud mental que reformule viejas prácticas asilares de encierro como también replantear todos los dispositivos de las saludes mentales y sus enfermedades. Así y todo, nada eliminará lo conflictivo e irreductible que hay en la convivencia entre seres humanos, como la violencia constitutiva de las comunidades, ya que desde un comienzo se establecen a partir de una renuncia pulsional.
El psicoanálisis con Freud y con Lacan pone en juego una práctica con una ética que cuestiona a la clásica idea del bien, a la psicopatología como límite de la supuesta normalidad, y que coloca a la sexualidad de un modo subversivo al otorgado por la modernidad. No es sencillo evitar la psicologización de la vida cotidiana, ni los múltiples ordenadores de la vida que nos recetan una vida saludable, con la dulzura de un amo amable. Analizarse es otra cosa, una experiencia, en transferencia, absteniéndose de ejercer el poder de la sugestión y otorgando el poder a la palabra, sin excusas para asumir la división subjetiva.
Finalmente, por lo menos sabemos que la ilusión no se cumplirá: que los comunicadores sociales de las grandes empresas se informen sobre la ley, los políticos hábiles declarantes no especulen sobre estos temas, y los profesionales no diagnostiquen a quienes no asisten directamente.
Lo que sí podremos hacer es abrir a otras lecturas y a otras conclusiones.-
